Luego que concluyera la Marcha Indígena el pasado 27 de marzo, el Legislativo de Guatemala se había comprometido a brindar soluciones para distintos conflictos campesinos del país.
Sin embargo, las organizaciones que participaron de esa movilización denunciaron el incumplimiento de los acuerdos alcanzados.
Por tal motivo, los referentes de los movimientos sociales anunciaron que estarán pendientes tras este segundo encuentro de los procedimientos que anuncie el Legislativo guatemalteco y continuarán movilizados.
Tras la reunión de este jueves, el Gobierno se comprometió a solucionar en los términos propuestos por las comunidades la conflictividad social en algunas regiones.
Sin embargo, el Ejecutivo no se pronunció sobre la necesidad de respetar las consultas comunitarias sobre la instalación de empresas mineras en sus territorios.
En ese sentido, el Gobierno argumentó la libertad constitucional que tiene el Estado para explotar los recursos naturales.
Con respecto a la militarización, el presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, se comprometió a retirar destacamentos en lugares con conflictividad social. Pese a esto, el Presidente manifestó que no impondrá esta decisión.
En ese sentido, las comunidades indígenas denunciaron que los militares están al cuidado de las empresas y no de los pobladores.
Otro de los puntos abordados en la mesa de trabajo la Ley sobre Medios de Comunicación Comunitaria y la incumplida Ley de Desarrollo Rural.
El encuentro de este jueves también careció de acuerdos en materia de fideicomisos, minería, acceso a la tierra y otros temas que hacen a las 60 reivindicaciones de la Marcha Indígena.
El próximo 22 de mayo habrá una nueva instancia de diálogo entre el Presidente de Guatemala y las comunidades indígenas. (PÚLSAR)
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