Por Miguel Grinberg*
Los preparativos sectoriales para la conferencia cumbre Río+20 sobre desarrollo sostenible que se realizará en junio próximo en Brasil permiten anticipar una enorme vorágine de posicionamientos contrastantes, y en alguna medida incompatibles.
Muchos son los intereses sectoriales implicados en este evento que, como ya se ha vuelto ritual en los cónclaves de Naciones Unidas sobre la crisis medioambiental, contará en principio con dos sectores antagónicos.
Por un lado, los representantes políticos de naciones que no constituyen un pensamiento unánime; y por otro, los portavoces de la sociedad civil y de sectores hoy en conflicto con sus gobiernos (desempleados, gente sin tierra y sin techo, pueblos indígenas y refugiados ambientales).
Al identificarse como marco para debatir el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza, Río+20 pondrá en parte a un lado los temas ambientales que hace dos décadas constituyeron la materia prima de su histórica antecesora, la ECO 92: cambio climático, biodiversidad y la integridad de los bosques.
Aquella Cumbre de la Tierra (Conferencia de la ONU sobre Medio Ambiente y Desarrollo) también aprobó un Programa 21 que en gran medida pretendía servir como agenda para un rediseño de la economía y la ecología de los pueblos del planeta rumbo al siglo XXI: todo indica que fue cancelado.
Tampoco logró decolar creativamente el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) creado como resultado de la primera cumbre mundial de este ciclo: una llamada Conferencia sobre Ambiente Humano efectuada en 1972 en Estocolmo.
Durante casi 40 años, el PNUMA -radicado en un suburbio de la ciudad de Nairobi, en Kenya- ha sobrevivido sin un presupuesto fijo, en base a aportes voluntarios de países miembros de la ONU, y concentrándose en tópicos no ideológicos como los mares, la capa de ozono, la especies en peligro de extinción y rubros afines al mundo natural.
El futuro de este humilde programa quedó en suspenso al finalizar la ECO 92, pues fue soslayado por la Asamblea General, que depositó la tarea de seguimiento de las convenciones firmadas en Río en manos de una llamada Comisión de Desarrollo Sustentable (CDS), de simbólico desempeño durante veinte años.
Según Luiz Alberto Figueiredo, negociador jefe de Brasil para la Río+20, en junio también se discutirá el futuro del PNUMA, pues hay a la vista varias propuestas en lo referido a la creación de un organismo con poderes ejecutivos en los complejos temas que ligan la economía con la naturaleza.
Durante una conferencia de prensa, Figueiredo mencionó que existe en la ONU consenso sobre la necesidad potenciar al PNUMA y dotarlo de un presupuesto y el personal necesario para hacerse cargo de las múltiples desafíos imperantes, posición no compartida por Brasil y Estados Unidos.
El funcionario resumió la existencia de tres hipótesis: la primera estudia la transformación de la CDS en una entidad con mayor status y categoría; la segunda consistiría en darle atribuciones "ambientales" al Consejo Económico Social de la ONU, y la tercera sería crear un Foro a nivel ministerial.
Figueiredo aclaró que “la Río+20 no pretende legislar, no poseerá capacidad para establecer obligaciones a los países y tendrá como objetivos trazar metas concretas para contribuir a la implementación plena de los principios de la Economía Verde y del desarrollo sostenible”.
Históricamente, la ONU no tiene autoridad para indicar rumbos de acción a las naciones que la componen, sino que sus documentos y declaraciones (por medio de su Asamblea General) se limitan a proponer, sugerir, invitar, reafirmar, conciliar, reconocer o cooperar en bien de la humanidad.
Como previendo una nueva marginación análoga a la de 1992, durante los últimos años el PNUMA se ha distanciado de las premisas de la Economía Verde que promueve la ONU como parte de un "pacto global" con las corporaciones transnacionales, y se ha embarcado en la promoción de una llamada Economía Azul.
Al respecto, Achim Steiner, su Director Ejecutivo, explicó que se trata de políticas ecológicas asumidas por los 22 países mediterráneos y la Unión Europea en el marco del PNUMA, aplicadas a proteger los mares, los océanos y las zonas costeras que influyen.
El Club de Roma, autor en 1972 del controversial manifiesto “Los límites del crecimiento” sostiene ahora que la Economía Azul “hace posible responder a las necesidades básicas de todos, sin explotar los recursos naturales, pero al mismo tiempo sin la necesidad de renunciar a las comodidades”.
Fuente: Télam.
*El autor es periodista especializado en Medio Ambiente.
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