Argentina es el primer país latinoamericano en asumir su principio de derecho universal y perseguir crímenes contra la humanidad fuera de sus fronteras. La justicia argentina se traslada a España para continuar la investigación de crímenes cometidos bajo la dictadura franquista (1936-1977).
La jueza argentina María Servini de Cubría ha decidido viajar a España en los meses de junio y julio, para tomar declaración a familiares de asesinados y desaparecidos bajo el régimen de Francisco Franco. La decisión de la jueza supone una aceleración de la denuncia interpuesta en Buenos Aires, el 14 de abril del 2010, pues reduce a unos días un trabajo que podría durar meses. Para los damnificados, la decisión significa que el caso no se detiene y continúan las investigaciones, incluso después de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón. Aunque, dada la reticencia de los tribunales españoles, tendrán que ser los juzgados argentinos los encargados.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, encargada de agrupar los testigos que se presentarán ante la jueza, ve este viaje de Servini de Cubría como un paso más en su lucha. Emilio Silva, presidente de la asociación, opina que la justicia española tiene un doble rasero. “Ha habido una estrategia en España muy clara de sacar estos temas fuera para que parezca que no está ocurriendo dentro,” comenta, “entonces, bueno, cuando España ha perseguido a Pinochet o casos en Guatemala o en Chile, pues había una estrategia de que pareciera que España había solucionado sus problemas de derechos humanos y entonces tenía tanto potencial como para ir a solucionarlos fuera”.
Este viaje de la jueza Servini de Cubría supone, además, que, por vez primera, Argentina hace uso de su derecho de justicia internacional. Matías Bailone, profesor de derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires y abogado querellante, explica: “el caso argentino está reconocido en la Constitución que es del siglo XIX, pero nunca fue operativa. Nunca nadie la usó ni la invocó para un caso concreto. Con lo cual, en este sentido es fundamental para Argentina que se haya aceptado el principio de jurisdicción universal, y decida investigar una causa sucedida en suelo extranjero y contra ciudadanos extranjeros”.
En 1988, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó una resolución en la que instaba a los países latinoamericanos a acudir a la Corte Penal Internacional. Carlos Slepoy recuerda que en dicha resolución también se les exhortó a que ejercieran su derecho de jurisdicción universal. Ahora, es la primera vez que un país latinoamericano asume su principio de justicia universal sobre crímenes contra la humanidad fuera de sus fronteras. Sin embargo, los abogados Matías Bailone y Carlos Slepoy creen que, de resultar exitosa, esta causa de los crímenes del franquismo puede ser un gran aliciente para que el resto de la región asuma su papel en justicia internacional. “Lo que nosotros esperamos es que tenga un efecto contagioso hacia el futuro; pensamos que cuantos más países, cuantos más tribunales de distintos países actúen en la persecución de estos crímenes independientemente del lugar donde se cometan, más cercano estará el fin de la impunidad de este tipo de crímenes y, por tanto, se podrá combatir estos crímenes con mayor eficacia”, explica Slepoy.
El controvertido caso de la justicia española y los crímenes del franquismo abre una cuestión vital: ¿qué es preferible: que un pueblo juzgue los crímenes de su propio pasado o es necesaria la perspectiva y el alejamiento emocional de la justicia internacional? Para Antonio Silva, lo importante es que se haga justicia: “yo creo que a todo el mundo le da igual como se apellide o se llame el juez o la jueza que dé justicia, lo que la gente quiere es poder ejercer esos derechos”.
Para Carlos Slepoy, sería preferible que los tribunales de cada país asumieran el ajusticiamiento de sus propios crímenes. Sin embargo, cuando se dejan en manos de gobiernos o juzgados nacionales, los crímenes suelen ser investigados y, entonces, el papel del derecho internacional es ayudar a que estos crímenes contra la humanidad no queden impunes. “En todo caso, cualquier tribunal que actúe, ya sea el del propio país como el de países ajenos al lugar donde se cometieron los crímenes, lo hace en nombre de la comunidad internacional; no solamente en defensa de intereses propios sino en nombre de la humanidad. De ahí el nombre de justicia universal”, concluye Slepoy.
Fuente: Radio Nederland.
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