Alto a la represión en la Araucanía.

Pressenza, Santiago de Chile. Ante los hechos de violencia acaecidos recientemente en Temucuicui y ante la decisión del gobierno de Sebastián Piñera de aumentar la presencia de Fuerzas Especiales de Carabineros en la IX Región, tras la llamada “Cumbre de Seguridad” realizada el pasado martes 24 de julio de 2012, las organizaciones abajo firmantes declaramos lo siguiente:
1.- El martes 24 de julio, el Presidente Sebastián Piñera ha convocado a autoridades policiales y al Fiscal Nacional, a una “Cumbre de Seguridad” sobre lo que el gobierno ha denominado “problema mapuche”. En dicha instancia se ha determinado aumentar la dotación de Carabineros y de la Policía de Investigaciones (PDI) en la zona de La Araucanía, trasladar una mayor cantidad de vehículos e implementos represivos y buscar fórmulas legales que reintegren la figura de “testigos sin rostro”. A nuestro juicio, es ésta una irracional e inmoral respuesta a las legítimas demandas de devolución de tierras ancestrales y que han sido usurpadas al pueblo mapuche. Las acciones de recuperación de tierras en que se han visto involucrados grupos de mapuche, son una reacción ante el abuso de empresas privadas y el fracaso de las políticas de diálogo con los representantes del Estado chileno, tras múltiples promesas incumplidas e irrespeto de derechos fundamentales.
2.- El incremento de la represión, con los efectos que las organizaciones de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos han denunciado permanentemente, constituye una expresión de torpeza y de ignorancia del derecho internacional, al transgredir, entre otros, el artículo 2 de la Convención para la Presencia y el Castigo del Delito de Genocidio, que “prohíbe causar lesión grave a la integridad física y mental de los miembros de un grupo nacional, étnico, racial y religioso con el fin de conseguir la destrucción total o parcial de ese grupo”.
3.- Conforme a lo anterior, es válido recordar al gobierno la necesidad de adecuar la legislación y las políticas públicas a los estándares del derecho internacional que establecen el Convenio 169 de la OIT, ratificado el 15 de septiembre de 2008, así como la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada el 13 de septiembre de 2007 en la Asamblea General, habiendo contado para ello con el voto favorable de Chile. Esto significa que Chile debe reconocer a los pueblos originarios y la interculturalidad en su Constitución Política. En el caso específico del pueblo mapuche, entre sus derechos fundamentales y la causa de sus luchas está el de ser reconocidos como pueblo y no sólo como “etnia”; su derecho al territorio que le ha sido usurpado; los recursos que tradicionalmente han poseído; y a determinar libremente su desarrollo económico, social y cultural. La cultura mapuche se sustenta en su especial relación con la tierra, por lo que es diametralmente opuesta a la acción depredadora de las grandes empresas forestales, hidroeléctricas, mineras, salmoneras, pesqueras, que destruyen la naturaleza al extraerle el mayor provecho económico posible, sin importarles su irremediable destrucción.
4.- Ya en el 2003, el Relator Especial de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen, llamó la atención sobre el tratamiento judicial dado a la protesta social del pueblo mapuche y sobre la violencia física y verbal ejercida por la presencia permanente de contingente policial en sus comunidades. Asimismo, rechazó la aplicación de las leyes especiales, como la ley de Seguridad Interior del Estado (Ley 12.927) y la ley que Determina Conductas Terroristas (Ley 18.314), sobre las legítimas actividades de protesta o demanda social de las organizaciones y comunidades indígenas. También en septiembre de 2009, su sucesor el Relator Especial James Anaya, observó en su Informe la persistencia de las situaciones de violencia y que, a pesar de la suscripción de Convenios Internacionales, en Chile no se han realizado las modificaciones necesarias para adecuar la legislación nacional a los tratados suscritos y ratificados. Tras la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos del Informe sobre Violencia Institucional sobre la Niñez Mapuche en Chile, el Relator de la Niñez de la CIDH, Paulo Sergio Pinheiro, manifestó que “lo que espanta también a la Comisión es la utilización de una Ley Antiterrorista para niños y adolescentes”. Informes sicológicos del Servicio de Salud Araucanía Norte del año 2004; del Proyecto “Meli lof Trawun Newentulealu” del 2005; y de la Comisión Etica contra la Tortura de los años 2010, 2011 y 2012 y que han sido entregados a las autoridades de gobierno y de Carabineros, evidencian impactos en la salud física y mental de niños y jóvenes, incidiendo negativamente en las condiciones de desarrollo y vida de las futuras generaciones mapuche.
5.- En mayo del 2009, el Consejo de Derechos Humanos y el Comité contra la Tortura de la ONU, en reunión realizada en Ginebra, en relación a Chile estipularon que la definición legal de tortura que señala la legislación chilena no se ajusta a la Convención de la ONU. Además, se indicó que la Constitución de Chile debe incorporar los derechos humanos “en su plena dimensión”, incluido el derecho a no ser víctima de torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, condenándose también la aplicación de la Ley Antiterrorista contra el pueblo mapuche, así como el no reconocimiento constitucional de los pueblos originarios.
6.- El Estado de Chile debe reconocer que las demandas del pueblo mapuche tienen un carácter histórico que debe ser respetado: en 1641, el rey de España, en el Pacto de Quilín, reconoció la inviolabilidad del territorio al sur del río Bío-Bío y la autodeterminación mapuche, lo que fue ratificado por el Parlamento General de Negrete de 1803. La República de Chile, en 1825, en el Tratado de Tapihue, estableció que no violaría esta frontera. Sin embargo, este acuerdo fue transgredido con la “Pacificación de la Araucanía”, erradicándose a los mapuche a reducciones, quedando confinados a 500 mil hectáreas, esto es, un 5% de su territorio original. El otro 95% de las tierras fue entregado a colonos chilenos y extranjeros, habiéndose continuado con el despojo a través de amedrentamientos y farsas judiciales. En 1978, durante la dictadura militar, se dictó el DL 2.568 que determinó la parcelación de las tierras comunitarias de los mapuche, estableciéndose que “las hijuelas resultantes de la división dejarán de considerarse tierras indígenas, e indígenas a sus dueños y adjudicatarios”. A esto se sumó la expansión forestal que reemplazó a los bosques nativos por miles de hectáreas de monocultivos de especies foráneas, como pino y eucalipto.
7.- En consecuencia, recordamos al gobierno y a las autoridades policiales que su deber es la solución de los problemas de injusticia social y no su incremento. Porque esto último se realiza para acrecentar la concentración del capital entre los grupos económicos nacionales y las transnacionales para la extracción de los recursos naturales, situación en la que las policías y las FFAA están cumpliendo la vergonzosa función de “guardias pretorianas” del sistema económico imperante, entregando a financistas la soberanía nacional que han jurado defender. Rechazamos la violencia ejercida por el Estado de Chile en la zona de la Araucanía y exigimos el retiro inmediato de la policía militarizada que ocupa los territorios mapuche. Así como el término del virtual Estado de Sitio en que viven las comunidades y alto al uso indiscriminado del armamento policial.

Firman
Comisión Ética Contra la Tortura –CECT CHILE; Corporación Derechos del Pueblo – CODEPU; Federación de Estudiantes de la Universidad Católica -FEUC; Observatorio por el cierre de la Escuela de las Américas; Londres 38, Espacio de Memorias; Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile - FECH; Fundación ANIDE por la defensa de la niñez y sus derechos; Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios – ACES; Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos –AFEP; Comité Oscar Romero- SICSAL- Chile; Colectivo 119 Familiares y Compañeros; Mesa Nacional de la Red de ONGs de Infancia y Juventud-Chile; Defensa Secundarios.