Detrás de un reclamo gremial de orden salarial se esconde una maniobra decididamente destituyente que no podemos permitir, sostuvo la agrupación de partidos políticos Unidos y Organizados, al aludir a la medida de fuerza iniciada por miembros de la Prefectura Naval y a la cual se sumó Gendarmería Nacional.
En un comunicado, la organización recordó que el reclamo de prefectos y gendarmes, quienes denunciaron haber recibido descuentos de entre 30 y 60 por ciento en sus salarios, había sido resuelto ayer por el gobierno nacional.
Sin embargo, subrayó, el conflicto continuó "sin causa alguna, habiéndose sumado suboficiales de la Marina que a su vez están llamando a los integrantes del Ejército y de la Fuerza Aérea a incorporarse".
Esta situación -alertaron- merece nuestro rechazo total y absoluto. No queremos a las fuerzas de seguridad ni a las Fuerzas Armadas desafiando al Poder Político y a las autoridades constitucionales.
En términos similares se pronunció también la víspera el flamante secretario general de la Confederación General del Trabajo-Alsina, Antonio Caló, quien consideró que estas medidas de fuerza "no son correctas y generan situaciones peligrosas".
Los gendarmes y prefectos, puntualizó, tienen otros canales que no son la protesta; claramente no son un gremio y por eso deben tener responsabilidad.
La Unión de Empleados Judiciales de la capital repudió también los hechos y advirtió sobre el riesgo de que "esos actos sectoriales y egoístas produzcan efectos gravísimos en la democracia argentina y, por ende, para el conjunto de la sociedad".
Esta actitud de los uniformados que protestan a todas luces hace presumir otras intenciones y no la de mejoras salariales o en condiciones laborales, agregó y recordó recientes acontecimientos de este corte ocurridos en Ecuador y en Bolivia.
Por su parte, el legislador del oficialista Frente para la Victoria Edgardo Depetri convocó a dialogar y darle un cauce institucional al reclamo, aislando y condenando a aquellos que desde adentro y desde afuera de las fuerzas de seguridad quieren crear con este hecho un clima destituyente.
Hay sectores económicos que alientan la derrota del gobierno de Cristina Fernández en términos de quiebres constitucionales, ya no en las urnas, sostuvo el diputado en declaraciones a una televisora nacional.
Por su parte, el líder sindical Hugo Yasky dijo a la agencia de noticias Telam ver con preocupación el conflicto, pues más allá de una motivación justa en el reclamo "hay elementos que sistemáticamente están tratando de generar focos de conflictividad, para erosionar y socavar la imagen del gobierno".
En este caso preocupa mucho más por tratarse de uniformados y fuerzas de seguridad que, tal como hemos visto en otras situaciones en la región, son rápidamente instrumentadas por los grandes grupos mediáticos y sectores dominantes para usarlo como ariete de los gobiernos populares y democráticos, apuntó.
En conferencia de prensa ofrecida ayer, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, atribuyó los desajustes en los haberes percibidos por los prefectos a la que catalogó de "desastrosa" aplicación del decreto 1307/12.
Este resolutivo, señaló, aclara explícitamente que la medida (enfilada a terminar con los ítems adicionales no remunerativos que percibía un sector de la fuerza generando distorsiones en la escala salarial) no regiría para los escalafones más bajos, pero aun así se aplicó también a los efectivos con menor rango.
Al respecto señaló que "no sabemos si fue un problema administrativo, o tenemos serias sospechas de que se está usando a los (efectivos) de más abajo como carne de una maniobra por los que quieren mantener sus privilegios".
Fuente: Prensa Latina.
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