La Asamblea Nacional de Panamá aprobó la madrugada de este domingo, en tercera discusión, el proyecto 541 que deroga la Ley 72, la cual permitía la venta de los terrenos de la Zona Libre de Colón (centro-norte) y que generó una semana de protestas, con saldo final de tres muertos y decenas de heridos.
Con 59 votos a favor, ninguno en contra y cero abstenciones, los diputados del Parlamento anularon la normativa propuesta por el Ejecutivo y aprobada por el Legislativo el pasado 19 de octubre, restituyendo así el Decreto Ley 18, del 17 de junio de 1948, que crea la Zona Libre de Colón.
Tras la decisión legislativa, el proyecto será enviado al Ejecutivo para su sanción por parte del presidente Ricardo Martinelli, cuya llegada al país no ha sido confirmada. El Mandatario realiza una gira oficial de una semana por Asia.
Medios locales reseñaron que una vez el Proyecto tenga la firma del jefe de Estado y sea publicada en Gaceta Oficial, se convertirá en Ley de la República.
En sus ocho días de aprobada, la ley 72 provocó a la economía nacional perdidas por el orden de los seis millones de dólares diarios, debido al rechazo y los paros laborales que generó en el país.
Durante el tercer y último debate, se incluyó en el Proyecto un artículo nuevo, propuesto por el diputado Miguel Salas, para la conformación de una comisión que investigar las muertes y represiones durante las protestas populares.
En su derecho de palabra, el diputado del partido Panameñista por la provincia de Colón, pidió castigar a los responsables que permitieron que fuerzas policiales utilizaran armas de fuego y “sitiaran la ciudad por vía terrestre y aérea”.
Salas pidió que la Asamblea no sólo se limite a derogar la ley, sino también a garantizar se haga justicia para los familiares de las personas que fallecieron por la represión durante las manifestaciones populares.
El comité de investigación estará integrado por tres miembros de la Comisión de Derechos Humanos y tendrá un periodo de 60 días para rendir un informe ante el pleno del Parlamento.
En este sentido, la resolución aprobada establece que “las autoridades deberán cooperar con esta instancia para que realice todas la investigaciones” pertinentes.
Por su parte, la diputada Irasema de Dale, del Partido Revolucionario Democrático (PRD), pidió a sus colegas dejar de escuchar los lineamientos de los partidos y comenzar a escuchar al pueblo, porque “es el pueblo quien los ha puesto aquí”.
En tanto, el diputado panameñista Adolfo Valderrama afirmó que esta decisión pudo haber sido tomada el lunes pasado -cuando se impuso la Ley- y se habrían evitado los hechos de violencia.
También calificó como una irresponsabilidad que el presidente Ricardo Martinelli continuara con su gira por Asia. Agregó que la misión del legislativo “no es evaluar qué le conviene al Presidente y sus amigos, ni mucho menos evaluar cómo el Presidente puede hacerse más rico”.
Paralelo al debate de los diputados, miembros del Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) realizaron una vigilia en los predios de la Asamblea, a la espera de ver derogada la polémica ley que generó protestas en la provincia de Colón, en la Capital y otros puntos del país.
Fuente: teleSUR
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