JUECES BOLIVIANOS SERÁN ELEGIDOS POR SUFRAGIO POPULAR.

por Pía Figueroa.

La elección directa de jueces constituye una aspiración para quienes consideran que los tres poderes del Estado deben ser independientes y sin ingerencia recíproca. Es una propuesta del Partido Humanista que ahora se implementa en Bolivia, gracias a su nueva Constitución que establece el sufragio popular para nominarlos por 6 años y sin reelección.

Pressenza, La Paz. La sanción de una ley en Bolivia, que establece la elección de los cuatro tribunales más importantes, a través del sufragio de la población, es un paso enorme hacia la democratización del Poder Judicial.
En una experiencia inédita en el mundo, recientemente se aprobó una ley que establece la elección por voto popular de los integrantes de los principales tribunales judiciales del país. Estos son: el Tribunal Supremo de Justicia (equivalente a la Corte Suprema), el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Agroambiental y el Tribunal Constitucional Plurinacional.
De acuerdo a los anuncios del vicepresidente, Alvaro García Linera (foto), luego de la organización de los Tribunales Electorales, los ciudadanos bolivianos podrían estar eligiendo a sus magistrados a principios o mediados del año entrante.
La organización de la Justicia en Bolivia está establecida en la Constitución Nacional, promulgada el 7 de febrero de 2009 y denominada Nueva Constitución Política del Estado (NCPE), elaborada por la Asamblea Constituyente, cuyos miembros fueron elegidos en 2006 y que trabajaron durante ese año y el siguiente en el texto constitucional, que dio lugar a profundos cambios en las estructuras político-jurídicas del pueblo boliviano.
Luego de enfrentamientos con los distritos que no aceptaban esta nueva Constitución, en particular con los prefectos de la llamada "Media Luna" (Pando, Beni, Santa Cruz y Tarija), finalmente la Carta Magna fue sometida a un referéndum constituyente el 25 enero de 2009, que la aprobó por el voto favorable del 61,43 por ciento de la población.
El primer artículo de la NCPE caracteriza al nuevo Estado boliviano y define los fundamentos o principios que lo rigen: "Bolivia se constituye en un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país."
El ingrediente del "pluralismo jurídico", como base conceptual para el desarrollo del nuevo sistema jurídico, tiene relación con la calidad de "plurinacional" del nuevo Estado, conformado por las naciones y pueblos originario-campesinos y las comunidades interculturales, y con el expreso reconocimiento de la forma "comunitaria" con la que estas naciones y pueblos pueden elegir o designar a sus autoridades, además de ejercer otros derechos reconocidos en la NCPE.
La Constitución boliviana establece que la elección de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional Plurinacional y de los miembros del Consejo de la Magistratura está sujeta una modalidad de sufragio universal precedida de una preselección de postulantes votada por dos tercios de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El proceso está a cargo del Organo Electoral que tendrá la responsabilidad de difundir los méritos de los candidatos, quienes no podrán realizar campaña electoral a favor de sus candidaturas bajo sanción de inhabilitación.
El período de mandato ha sido reducido de diez a seis años, con el agregado de que tampoco pueden ser reelegidos.
Los vocales de los tribunales departamentales son elegidos por el Tribunal Supremo de Justicia previa preselección del Consejo de la Magistratura. El resto de los jueces son elegidos por el mismo Consejo mediante concurso de méritos y exámenes de competencia.
En el sistema judicial boliviano, se establecen dos tipos de jurisdicciones: la ordinaria y la indígena-originario-campesina, donde los justiciables hacen valer sus derechos y defienden sus intereses, en las mismas condiciones de igualdad procesal y material que en la jurisdicción ordinaria, pero sólo procede contra personas de la comunidad indígena-originario-campesina y en su jurisdicción territorial.
Todos los ciudadanos bolivianos tienen derecho al debido proceso, a ser juzgados por tribunales competentes, independientes e imparciales. Se establece la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y la asistencia letrada, así como el derecho a ser informado sobre el motivo de la detención, en caso de ser encarcelado.
La nueva Constitucional boliviana, de carácter plurinacional, va resolviendo los históricos conflictos entre las diferentes etnias y comunidades, reconociendo en igualdad de condiciones la justicia ordinaria con la originario-campesino-indígena.
Establecer la elección popular de los miembros de los principales tribunales judiciales es un paso muy importante en la democratización de los Poderes Judiciales, tan refractarios a los cambios. Esta propuesta, que viene impulsando desde hace años el Partido Humanista, sería muy bueno que el resto de los países de América Latina pudieran tomar de ejemplo de Bolivia y establecieran mecanismos más democráticos y participativos en la elección de los jueces.
Por lo demás, la República de Bolivia ha experimentado cambios importantísimos desde que Evo Morales asumió como presidente hace casi cinco años, convirtiéndose en el primer mandatario de origen indígena en ese país, donde la mayoría de su población proviene de los pueblos originarios.
En este tiempo, Bolivia puede exhibir logros importantes, como el mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a través del bono Juancito (una especie de Asignación Universal por Hijo) que se creó para beneficiar a los mayores de 70 años, que no cuentan con protección ni ingresos, así como el éxito de su plan de alfabetización, sobre la base del programa "Yo sí puedo". Otro logro importante fue el haber operado de la vista, en forma totalmente gratuita, a miles de bolivianos, en la llamada "Operación Milagro", implementada con la colaboración de los gobiernos cubano y venezolano.
Y para los que gustan de comparar los índices económicos para demostrar el avance de un gobierno, Bolivia ha sido reconocida por el Banco Mundial como "país de ingresos medios", luego de haber estado años calificado como de "ingresos bajos".
Según el organismo internacional, el ingreso per cápita en Bolivia está ahora por encima de los 1.100 dólares anuales, habiendo tenido en los últimos cuatro años, un ingreso promedio anual de 1.700 dólares por cada ciudadano, entre 800 y 1.000 dólares más que durante 2005.
Otro índice del repunte económico boliviano se refleja en sus Reservas Internacionales Netas (RIN), que a julio de 2010 bordearon los 8.600 millones de dólares, con un crecimiento sostenido del 4 por ciento.
Todos indicadores auspiciosos, que pueden tomarse en consideración ahora que además Bolivia avanza realmente en la democratización de su POder Judicial.