viernes, 17 de septiembre de 2010

CHILE EN DEUDA CON SU HISTORIA.


Por Tania Peña (corresponsal de Prensa Latina en Chile).

Santiago de Chile, (PL). La prolongada huelga de hambre de 34 presos mapuches, en rechazo a la aplicación de la ley antiterrorista en sus causas, sacó a la luz una cruel paradoja en el Chile del bicentenario: la deuda de una nación con su historia.
Si de patria se trata, Chile es la patria del pueblo mapuche, sentenció en su último editorial la revista Punto Final, demoledora denuncia sobre los siglos de exclusión que ha sufrido esa población indígena desde la época de la conquista española.
Para la reconocida publicación, lo ocurrido no ha sido resultado de un rechazo patológico hacia los aborígenes, sino clara consecuencia de la típica voracidad capitalista por apropiarse de las tierras y las riquezas naturales pertenecientes a los pueblos nativos.
Tras un recorrido por zonas de la Araucanía chilena, el profesor canadiense José Venturelli, vocero del Secretariado Europeo de la Comisión Ética contra la Tortura, confesó: "Viajar por el mundo mapuche es ver a un pueblo encarcelado".
"Los mapuches rurales, con su dignidad de pueblo originario, viven arrinconados en las poquísimas tierras que les han dejado: seis por ciento de las originarias. No pueden siquiera alimentarse y su ingreso no llega al 50 por ciento del salario mínimo local", relató Venturelli.
El presidente del país, Sebastián Piñera, admitió en una ceremonia ante el Congreso Nacional la deuda del país con las comunidades nativas.
"No podemos dejar de reconocer que durante décadas y quizás siglos los chilenos hemos negado a nuestros pueblos originarios las oportunidades necesarias para su plena integración a nuestra república", afirmó el mandatario.
"Quiero pedir perdón mil veces a nuestros hermanos mapuches por la falta de diálogo y entendimiento en estos 200 años", remarcó en frase contundente la presidenta de la Cámara de Diputados, Alejandra Sepúlveda.
Pero nadie como el werkén del Consejo de Todas las Tierras, Aucán Huilcamán, para explicar el dolor y la rabia mapuche: "Hemos vivido siglos en opresión, violación, negación a nuestros derechos, engaños; eso es el bicentenario para los indígenas chilenos".
La autoridad indígena dijo incluso comprender el acto extremo de sus hermanos en prisión, que desde el 12 de julio último permanecen sin ingerir alimentos en reclamo de procesos judiciales justos.

Pedido de diálogo en hora crucial
Ante la envergadura de los acontecimientos y el inminente peligro de muerte de alguno de los huelguistas, líderes políticos, sociales y parlamentarios han cerrado filas en el pedido de una mesa de diálogo entre el gobierno y los comuneros, como una vía rápida y definitoria a la salida del conflicto.
La manera de avanzar es dialogar y sentarse a buscar los mecanismos que permitan resolver la huelga de hambre, declaró la ex presidenta Michelle Bachelet al diario Cooperativa de Chile.
Cuestionada porque durante su mandato se mantuvo la aplicación de la ley antiterrorista contra la etnia mapuche, la ex mandataria dijo haber presentado en el período de su administración un proyecto con modificaciones a la norma, que no prosperó.
"Durante mi gobierno, y no bajo condiciones de huelga de hambre, envié en 2006 un proyecto que modificaba la Ley Antiterrorista (...) pero ese proyecto de ley no contó con el apoyo de la derecha".
"Entrar en una polémica es alejarse del problema", enfatizó la ex presidenta chilena, quien advirtió sobre la necesidad de actuar con celeridad frente a un ayuno de más de 60 días.
La cuestionada norma, que centra hoy la atención del escenario político chileno y que ha empujado a la radicalización de la lucha de los mapuches por sus derechos, data de 1984 y fue impuesta al país en los años de la dictadura militar de Augusto Pinochet (1973-1990).
A juicio del experto en temas jurídicos Eduardo Contreras, es realmente un total absurdo aplicar normas de la justicia militar a civiles. "Se trata de una situación inconstitucional, ilegal, aberrante y que todos los gobiernos de las últimas décadas han aceptado sin chistar".
Según informe de 2007 de Naciones Unidas, la definición de terrorismo en la ley chilena resulta demasiado amplia y ha conllevado a que miembros de la comunidad mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos de protesta o demanda social.
Ante tal realidad, han cobrado cada vez más dimensión en el ámbito nacional las movilizaciones, marchas y diversas expresiones de solidaridad con la causa mapuche y en particular con los comuneros encarcelados.
En la última semana Lorena Pizarro, presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos; el dirigente sindical Cristián Cuevas, y Alicia Lira y Mónica Monsalves, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, iniciaron un ayuno masivo en gesto de respaldo a los indígenas.
Hicieron lo mismo un grupo de dirigentes universitarios y cuatro diputados chilenos en reclamo de una mesa de diálogo que ponga fin al conflicto.
Casi como un grito simbólico a las puertas del bicentenario, la ignorada causa mapuche dejó de ser invisible en Chile.
Fuente: Prensa Latina.

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