por Gustavo Bulla*
1. La oposición – entre la cual es absolutamente pertinente incluir a los grandes medios– ha sugerido y hasta tildado al proyecto como “chavista”. Para tranquilidad de los defensores de la libertad de expresión: con sólo leer el proyecto y sus notas a pie de página, comprobarán que el mismo está referenciado en la normativa de países como EE.UU., Canadá, Francia, España, Chile, recomendaciones de la Unión Europea y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.
2. “No es oportuno debatir una ley tan trascendente en medio de una guerra declarada entre dos bandos”, dicen algunos desde un aparente lugar de neutralidad. “Los K –agregan con tonito despectivo– se pelearon con Clarín, y ahora, en venganza, quieren sacar una nueva ley de radiodifusión”. Se intenta reducir a una pelea de intereses espurios entre un gobierno y un grupo empresarial, con la sociedad como rehén, lo que en realidad es el nudo conflictivo más determinante del futuro político, social y cultural de la Argentina. Me refiero a la incompatibilidad manifiesta entre el nivel de concentración de la propiedad e integración vertical que exhibe la estructura de propiedad de los medios de comunicación y la aspiración de vivir en una sociedad más democrática.
3. Los 24 Foros participativos que se realizaron en buena parte del territorio nacional, ninguneados por los medios de comunicación de los grupos concentrados y por los propios legisladores que se oponen al proyecto de ley, ahora son reivindicados de manera oportunista con el mero objeto de ganar tiempo para ver si se llega sin sanción de la ley al 10 de diciembre, y después con la nueva composición del Congreso se puede evitar su debate. Lo que antes fue catalogado como “reuniones con sus amigos” por parte del Gobierno, ahora resulta revalorizado al punto de impulsarlos prácticamente a la emulación...
4. “El proyecto oficial persigue el único objetivo de controlar a la prensa libre y a los medios independientes”, vociferan. Si fuera cierto, hay que decir que lo mejor que puede hacer el Gobierno es dejar las cosas como están, seguir con un órgano de aplicación como el COMFER, que resume todas las decisiones sobre el sistema de medios audiovisuales en la figura de su Interventor que sólo tiene vinculación y dependencia funcional con el Poder Ejecutivo Nacional. El proyecto de ley plantea la creación de un órgano de aplicación con un directorio pluralista con la participación de las segunda y tercera minorías parlamentarias, crea un Consejo Federal de Comunicación Audiovisual integrado por representantes de los veinticuatro gobiernos provinciales, de las cámaras empresariales y prestadores sin fines de lucro, de los trabajadores de los medios, de las universidades nacionales donde se enseña comunicación y de los pueblos originarios. Además se crea la Comisión Bicameral de promoción y seguimiento de la comunicación audiovisual, de quien dependerá el Defensor del Público.
5. El ingreso de las telefónicas tanto comerciales como cooperativas es cuestionado porque se argumenta que por sus posiciones dominantes van a eliminar a las empresas proveedoras de TV por cable. El caso de las cooperativas tiene sus condiciones especiales, amén de las generales de la ley para todas las personas físicas y jurídicas que pretenda brindar el servicio, que garantizarán que su ingreso no sea en desmedro de los pequeños cableros, sino a favor de los usuarios que sin dudas verán reducido ostensiblemente el costo de sus abonos. Respecto de las empresas comerciales, tienen las restricciones propias del servicio: no más del 30% de capital extranjero, no acumular más del 35% del total de los abonados nacionales a TV por cable, no acumular más de 24 licencias de cable, no tener licencias de TV abierta en la misma área de cobertura. Pero además deberán abrir sus redes para que otro proveedores las puedan utilizar para brindar un servicio similar, deberán otorgar la portabilidad numérica a sus usuarios para que libremente puedan migrar a otras compañías sin por ello tener que cambiar de número telefónico, deberán asegurar la interconexión de las distintas redes, entre otros requisitos que deberán cumplir previo a la autorización para distribuir TV por sus redes. Desde sectores opositores plantearon la insuficiencia de esas restricciones, por lo cual si proponen algunas otras en el mismo sentido, el de garantizar que no se construyan posiciones dominantes, no habrá problemas en incorporarlas. Lo que no se puede hacer de ningún modo es negar la convergencia tecnológica, de lo que se trata es de dotar al Estado de una normativa eficaz para regularla, para que no sea el mercado el que lo haga de facto, como ya lo sabemos...
6. Un nuevo ingrediente apareció en el plenario de las comisiones de Diputados, por el cual se planteó que este proyecto habilita el ingreso indiscriminado de capital extranjero, porque pone el límite del 30 % indicado por la Ley de Preservación del Patrimonio Cultural, pero admite excepciones con las empresas de países que tengan firmados con la Argentina Tratados de Inversiones Recíprocas. La cuestión es que por la reforma constitucional de 1994, los tratados de ese tipo avalados por el Congreso de la Nación tienen preeminencia por sobre la legislación nacional. Una lúcida intervención del diputado opositor, Eduardo Macaluse, vertebró rápidamente el inicio de un consenso: comprometió a todos los bloques presentes a dar los pasos procedimentales para denunciar –dar de baja– esos tratados que se consideren inapropiados y así eliminar la preocupación por la extranjerización de estas industrias culturales.
7. Uno de los caballitos de batalla de los opositores de todo tipo al proyecto de ley desde que se dio a conocer como propuesta el último 18 de marzo es la ya famosa revisión de las licencias cada dos años. Nunca en la redacción original se planteó cosa semejante, pero la redacción final explicita que las licencias no serán revisadas, sino las cláusulas de multiplicidad de licencias que podrían ser vulneradas por los avances tecnológicos. Ejemplo, si a futuro la compresión digital genera 12 señales donde hoy sólo hay un canal de TV analógico, para garantizar la democratización del uso del espectro radioeléctrico, la autoridad de aplicación tendrá facultades para revisar esas cláusulas de manera de que el dividendo digital no sea apropiado por el licenciatario circunstancial –que seguirá explotando la señal que se le asignó por concurso– sino que permita la posibilidad de ingreso de nuevos actores al sistema para ampliar la polifonía de voces. El texto indica explícitamente que la autoridad de aplicación deberá contar con el aval del la Comisión Bicameral para modificar las cláusulas cada dos años. Legisladores opositores, en lo que constituye un acuerdo ya logrado, se comprometieron a acercar una redacción que garantice de la mejor manera ese consenso y avente interpretaciones erróneas.
*Director Nacional de Supervisión y Evaluación del COMFER
Foto: Gustavo Bulla (entre el concejal Filippini y Pablo Galarreta) dando una charla en el Concejo Deliberante de Gral. Pueyrredón.
0 comentarios:
Publicar un comentario