viernes, 23 de julio de 2010

EL DERECHO HUMANO AL AGUA, EN LA PUERTA DE LA ONU


por Matias Astore.

La Asamblea General de la ONU tiene previsto considerar una resolución presentada por el gobierno boliviano para que se declare el derecho humano al agua y al saneamiento. La iniciativa es apoyada por numerosas organizaciones civiles en todo el mundo. Este martes empezó la semana de Acción Global en promoción de ese derecho.

Pressenza, Nueva York. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) está evaluando una eventual declaración del acceso al agua y al saneamiento como derecho humano irrevocable. El proceso fue iniciado por el Estado Plurinacional de Bolivia, a través de su embajador ante ONU, Pablo Solón, y es apoyado por varias otras delegaciones. El presidente de dicho país, Evo Morales, señaló: “El derecho a la vida es imposible sin el acceso al vital líquido. Ese desafío debía integrar las llamadas metas del milenio, que hasta 2015 estará dedicado a la dotación de agua potable y saneamiento básico. Mi pedido es a los presidentes y a los gobiernos para que Naciones Unidas apruebe el acceso al agua potable como derecho humano”.
Se trata de la primera ocasión que se le ha solicitado a la Asamblea General tratar el tema del agua y el saneamiento limpio y seguro, el cual no figura en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. De acuerdo con los datos ofrecidos por Solón, la falta de acceso al agua potable y servicios de saneamiento provoca la muerte de un niño cada ocho segundos, la más alta tasa de letalidad de las patologías en el planeta. De los aproximadamente 6500 millones de personas que viven en el mundo actualmente, 884 millones no tienen acceso al agua potable y 2600 millones no cuentan con los servicios mínimos de saneamiento.
Diversas organizaciones civiles en todo el mundo apoyan la iniciativa. En una carta enviada a los representantes de los 192 Estados miembros de la ONU, Maude Barlow, fundadora del Proyecto Planeta Azul (movimiento de la sociedad civil internacional contra la privatización del agua, con sede en Canadá), y quien fuera asesora del 63º presidente de la Asamblea General en el periodo 2008-2009, recalcó: “Es tiempo de que la política se acerque a la realidad, pues nada menos que 2 billones de personas viven en áreas con stress hídrico del mundo y tres billones no tienen agua disponible a un kilómetro de sus casas, por lo que, en 2010, no es exagerado decir que la dificultad de acceder al agua potable es una de las peores violaciones a los derechos humanos. Si la Asamblea General, de 192 miembros, adopta la resolución será una de las cosas más importantes que haya hecho la ONU desde su Declaración Universal fundacional de 1948”.
Por su parte, Ann-Mari Karlsson, del Instituto Internacional del Agua de Estocolmo (SIWI, por sus siglas en inglés), agregó: “Coincidimos con la posición de expertos independientes de la ONU, que sostienen que el derecho al agua y al saneamiento son parte de un estándar de vida adecuado, derecho ya protegido por el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Es importante que la resolución de la ONU lo aclare bien, lo que por ahora no hace. Además, en este contexto, no puede subestimarse la importancia del saneamiento. El acceso al agua y la disponibilidad del saneamiento están estrechamente vinculados. Pero en el marco de los Objetivos de Desarrollo de la Naciones Unidas para el Milenio se está más lejos de alcanzar lo primero que lo segundo. Debería reflejarse eso en la resolución. No estamos contra la privatización como principio. Nuestra principal preocupación es que el Estado asuma su responsabilidad de regular y supervisar las actividades del sector privado para que todo el mundo tenga agua potable y corriente y saneamiento. No es relevante si el servicio lo brinda una empresa pública o privada, pero sí que el agua y el saneamiento sean considerados derechos humanos”.

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