LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A DEBATE.

por Mariano Quiroga

Rafael Correa había impuesto una denuncia contra el periódico El Universo. Un juez le dio la razón y exige el pago de indemnizaciones millonarias y el posible paso por prisión de los articulistas difamadores. ¿Censura? ¿Justicia contra las mentiras? ¿Cuál es el límite de la libertad de expresión? ¿Los medios deben ser veraces o son un negocio como cualquier otro?

Pressenza. Estas preguntas y tantas otras pueden surgir ante los hechos suscitados en Ecuador, Argentina o Reino Unido estas últimas semanas.

Ecuador
Emilio Palacio escribió en su columna de opinión que el presidente electo del país Rafael Correa era un dictador y le acusó de haber ordenado, durante el levantamiento golpista del 30 de setiembre de 2010, que se atacara a civiles dentro de un hospital. Una tergiversación flagrante de los hechos, ya que lo que hicieron las fuerzas leales al presidente fue proteger el hospital del ataque de los golpistas.
La denuncia interpuesta por Correa contra El Universo era exigiendo la inmediata rectificación de las acusaciones mentirosas vertidas por los periodistas de dicho medio. La empresa se negó a dar ese derecho a réplica y de hacer un mea culpa, ante lo cual quedó en manos de la justicia la solución de este entuerto.

Argentina
Durante la campaña a la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires se vivieron situaciones de desigualdad informativa y utilización de posiciones dominantes de formas escandalosas. En primer término debemos rememorar que hace pocos meses se otorgó la concesión de un negocio por valor de más de 250 millones de dólares a una empresa del Grupo Clarín. Se trataba de la compra de netbooks y notebooks para los estudiantes porteños, evaluados en 1800 dólares cada uno (el triple del precio pagado a otra empresa por el mismo ordenador por el gobierno nacional).
Este negocio se suma al de suministro de conexión a internet en todos los edificios públicos que también fue adjudicado a una empresa del Grupo Clarín, Fibertel. Lo asombroso en este caso es que se trata de una empresa ilegal e incapacitada por la justicia para seguir prestando servicio.
En ese contexto no es de extrañar que Mauricio Macri, actual jefe de gobierno y candidato a la reelección haya sido mimado por los más de 250 medios del Grupo Clarín y que siendo además el mayor suministrador de televisión por Cable de la ciudad, haya boicoteado la señal del resto de canales cuando transmitían informaciones negativas sobre Macri o cuando difundían las propuestas de los otros candidatos.
Estas prácticas sucias se suman a la negativa del jefe de gobierno de la ciudad a debatir con el resto de candidatos en un escenario que no fuera uno de los canales del Grupo. Así que cuando se realizó el debate en la Universidad de Buenos Aires, abierto a todos los candidatos y todos los medios, su ausencia fue un cubo de agua fría para la libertad de información del electorado porteño.

Reino Unido
News Corp, el Holding controlado por Rupert Murdoch tiene ganancias por valor de 40 mil millones de dólares anuales. A través de, por lo menos, 152 empresas subsidiarias radicadas en paraísos fiscales consigue evadir casi la integralidad de los impuestos que debería pagar en los Estados Unidos, de donde provienen el 70 % de sus ingresos.
En Reino Unido, el diario News Of The World, perteneciente a este grupo mediático, realizaba escuchas ilegales a miles de personas (políticos, parte de la realeza, víctimas de atentados, deportistas y celebridades). A su servicio trabajaban detectives de Scotland Yard y se está investigando el alcance de estas redes de información. El FBI sospecha que pueda alcanzar a las víctimas del atentado de las torres gemelas del 11-S.

¿Libertad de expresión?
Los grandes conglomerados mediáticos tienen infinidad de negocios y son terreno fértil para publicitar y defender otros negocios. La televisión y muchos periódicos han hecho explícito que su finalidad última es el beneficio económico e incluso algunos han llegado más lejos, como el director de la cadena francesa TF1, que asegura “armar una programación para que el espectador abra su corazón a los auspiciantes”.
El llamado Cuarto Poder, quizás haya ascendido de categoría. Ahora son los medios los que sostienen o derriban gobiernos, los que les fijan la agenda, los que instalan los valores y los intereses de la sociedad y los que determinan lo que está bien y lo que está mal.
El periodismo es prisionero de estas limitaciones. Los periodistas pueden volverse cómplices de sus jefes y trepar en el entramado político y empresarial o mantenerse en una posición constreñida, desarrollando su labor dentro de los límites fijados, pero intentando mantener cierta integridad moral.
Está claro que muchos otros se rebelan a esta disyuntiva y gozan de la libertad de expresión, que incluye entre otras cosas la libertad de elegir qué temas tratar, con qué punto de vista y con qué fines.
Mientras no recuperemos el sentido ético del periodismo y las Corporaciones dejen de decidir por encima de los individuos y las democracias, esta discusión sobre la censura tiene corrido el eje.
¿Son los que difaman y son perseguidos víctimas de censura? ¿Las empresas que censuran a sus periodistas y sólo difunden una visión parcial de la realidad tienen derecho a expresarse libremente? ¿Quién protege a los receptores de la información?
En esta época de internet y de saturación informativa, muchos disponemos del tiempo y las ganas de intentar descifrar lo que dicen los medios, pero este no es el caso mayoritario. ¿Un gobierno debe llevar adelante una política para otorgar a sus ciudadanos el derecho humano a la información veraz?