JUICIO POPULAR: “SOMOS LAS EXISTENCIAS QUE EL ESTADO NO QUIERE ASUMIR”.

por Nelsy Lizarazo

El juicio popular contra el Estado ecuatoriano se desarrolló el pasado 22 de junio por permitir la existencia de “clínicas de rehabilitación” para personas homosexuales, lesbianas y transgénero, por no dar curso a los cientos de denuncias y demandas que han sido presentadas en diferentes instancias estatales, durante los últimos años.

Pressenza, Quito. Este juicio popular se llevó a cabo el día 22, entre las 15:00 y las 18.00 horas en el Parque El Arbolito, un parque céntrico de la ciudad de Quito, con una fuerte tradición como lugar de movilizaciones, protestas sociales, huelgas, acampadas y múltiples expresiones de las organizaciones sociales y culturales de la ciudad y del país.
La acción, organizada por la plataforma Artikulación Esporádika, a la que se sumaron distintas redes y colectivos, convocó a más de 200 personas que, con una tarjeta roja en la que se leía VERGÜENZA, confirmaban o no, tras cada testimonio, la culpabilidad de los distintos acusados.
“Aquí están las minorías que se rebelan y las mayorías que se callan”, afirmaba Cayetana Salao, quien asumió de manera simbólica y artística, la representación del pueblo. A su vez Paola, víctima de este tipo de “tratamiento”, acusó a las clínicas, a sus “terapias correctivas”, a las entidades de salud, al sistema de justicia y a todas aquellas instancias del Estado que, teniendo responsabilidad en la prevención y la sanción de estos hechos y en el cierre de las clínicas, no lo han hecho.
Al testimonio de Paola, conmovedor, claro y contundente, se sumaron los testimonios del Taller de Comunicación Mujer y Fundación Causana, organizaciones que vienen trabajando en la denuncia de estos casos, su seguimiento y la protección de las personas que han vivido y viven aún estas situaciones: son cientos de casos, el Ministerio de Salud no ha investigado nada, la Fiscalía se ha lavado las manos y las personas homosexuales, lesbianas, transexuales no cuentan con instancias reales de protección de unos derechos consagrados con claridad en la Constitución de 2008.
El Estado fue declarado culpable por permitir con su silencio una cultura homofóbica, lesbofóbica, transfóbica y se le exige que investigue, demande, haga seguimiento y sancione a los dueños de estas “clínicas”, verdaderos sitios de tortura. Se le exige también trabajar y aprobar una Ley de Igualdad que proteja los derechos de todas las personas con identidades sexo-genéricas no heterosexuales. Se le exige la restitución de los derechos violentados a cada una de las víctimas de estas violaciones y, finalmente, se le exige el establecimiento de políticas públicas de protección efectiva, necesarias en una sociedad y un Estado todavía profundamente discriminador y patriarcal.
Quienes allí estuvimos y hemos participado de la organización y desarrollo de esta acción, conmovidos e indignados, entendemos la urgente necesidad de avanzar en un camino claro y decidido de exigibilidad de no-discriminación y no-violencia para las personas con identidades sexuales distintas a la única identidad “normalizada”.