jueves, 19 de mayo de 2011

VON BAER PRIVATIZA LA QUINOA.


por Pía Figueroa

La privatización de las semillas chilenas se ha convertido en escándalo y ha pavimentado la llegada de los transgénicos. Después de conocerse que además de la norteamericana Monsanto, las patentes de los cultivos chilenos están en manos de personajes ligados al gobierno y que ahora se beneficiarán por la privatización de las semillas, como es caso del padre de Ena Von Baer.

Pressenza, Santiago de Chile. El tema saltó al tapete con cuestionamientos de tráfico de influencias cuando el representante de "Chile sin Transgénicos", Cristián Sauvageot, denunció en el programa "El Semáforo" de Radio Universidad de Chile, que del total de más de 700 semillas inscritas, la Quínoa ahora es propiedad de Erick Von Baer, padre de la ministra Secretaria General de Gobierno, hasta el año 2016.
“Semillas Baer” ha registrado casi una veintena de variedades entre las que se cuentan diversos tipos de avena, cebada y una gran variedad en trigo.
Sauvageot subrayó que el polémico convenio se está ratificando, porque es parte de las obligaciones de los Tratados de Libre Comercio que Chile ha suscrito, pero dicha obligación no está considerando otros Tratados que protegen los derechos de los agricultores, que ahora tendrán que pagar a los dueños de las patentes para poder sembrar los productos.
Sauvageot recalcó la necesidad de que la nueva legislación genere un equilibrio para obtentores y agricultores.
Además, un grupo de senadores opositores al gobierno recurrirá al Tribunal Constitucional para impedir la promulgación de la ratificación de este Convenio.
El senador PPD Jaime Quintana, explicó a Radio Universidad de Chile que “el Convenio 169 tiene rango constitucional y esta norma que se acaba de aprobar es un tratado que Chile ratifica tiene un rango legal. Con esa diferencia y supremacía de una norma sobre otra hay que mirar lo que dice el Convenio 169, y cuando se van pasar a llevar derechos o se van a intervenir prácticas, en este caso del mundo campesino particularmente indígena, deben ser consultadas las comunidades, que es lo que no se hizo en este caso, más bien se votó sin escuchar a genuinos representantes del mundo campesino tanto indígena como no indígena”.
El parlamentario recalcó que este Convenio no tenía la obligación legal de ser ratificado y que sólo lo fue por la presión de grandes grupos económicos que buscan producir en Chile alimentos transgénicos (como es el caso de Monsanto) y ese corresponde que sea el debate de fondo.

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