por Osvaldo Bocero*
Un informe presentado en Ginebra por la doctora Joy Ezeilo, Relatora Especial de ONU sobre Tráfico y Trata de Personas ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), revela que si bien el Estado ha hecho avances significativos, los esfuerzos no alcanzan para prevenir, combatir y asistir a las víctimas del delito de Trata de Personas.
Pressenza, Mar del Plata. En un resumen dado a conocer a los medios, se exponen detalladamente cada uno de los puntos expuestos por Ezeilo, desde el 6 al 11 de septiembre de 2010, donde la Relatora Especial de trata de personas, especialmente de mujeres y niños, realizo una visita oficial a Argentina invitada por el gobierno. El propósito de la misión fue conocer la estructura legislativa e institucional, las políticas de nuestro país en relación a la lucha contra la trata de personas, así como los desafíos que restan.
El informe destaca el positivo progreso hecho por el gobierno, como la adopción de la Ley en la Prevención y Castigo de la trata de personas y la creación de las oficinas dentro del Poder Ejecutivo para proveer a las víctimas de asistencia y para investigar este crimen. Sin embargo, se observan algunos desafíos que el gobierno deberá abordar para combatir la trata de personas y para proteger los derechos humanos de las víctimas. Estos retos incluyen, pero no se limitan a, la ausencia de datos que ayuden a comprender la tendencia de la trata personas; la débil coordinación de las actividades en contra de la trata; la ausencia de mecanismos de identificación referida a las víctimas; y la insuficiente disponibilidad de facilidades y servicios diseñados especialmente para proveer a dichas victimas de asistencia directa. En base a las observaciones mencionadas, la Relatora Especial, entrega algunas recomendaciones al gobierno para considerar.
Concretamente, el informe sobre Argentina remarca 10 señalamientos a destacar sobre la situación actual:
1) Que aumentó la trata laboral y sexual en la Argentina.
2) Que la Argentina claramente se ha convertido en país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata de personas
3) Que es alarmante la impunidad con la que la trata de personas se lleva a cabo y los horribles abusos a las víctimas.
4) Que existe una pobre coordinación de las actividades contra el tráfico de personas entre organismos nacionales y provinciales del Estado y que se destinan «pocos recursos» a esta labor;
5) Que hay una inadecuada protección tanto las víctimas como las personas e instituciones involucradas en ofrecerles asistencia y apoyo.
6) Que aumentó la trata de niños, especialmente para servidumbre por deudas y prostitución forzosa.
7) Que los inspectores laborales “no tienen la capacidad necesaria” para combatir la trata de personas para explotación laboral, que también ha aumentado, pero está “mucho más oculta” que la sexual.
8) Que parte de la impunidad de los tratantes se explica por la “corrupción” de la policía y otros miembros de las fuerzas de seguridad que “están directamente involucrados en implementar medidas contra este delito, especialmente a nivel provincial, donde reciben coimas y colaboran ilegalmente con tratantes”
9) Le aconsejó al Gobierno aumentar la cooperación con países vecinos de los que proceden mayoritariamente las víctimas en Argentina, en especial Bolivia, Paraguay y República Dominicana.
10) También recomendó al gobierno que destine mayores recursos para combatir la trata de personas y que aplique una política de «tolerancia cero» a la corrupción, para «asegurar que cualquier agente involucrado en el crimen de la trata de personas sea debidamente procesado y severamente castigado.
Formas y manifestaciones de la Trata de Personas
El Informe detalla que como un país de destino, mujeres y niños son tratados a Argentina para explotación sexual mayoritariamente desde Brasil, Republica Dominicana, Paraguay, y Perú, mientras las víctimas de explotación laboral generalmente provienen de Bolivia (plurinacional estado de), Colombia, República Dominicana, Paraguay, y Perú.
Con respecto a la trata interna, las victimas generalmente son trasladadas desde áreas rurales y provincias pobres del Norte a ciudades y provincias más ricas como Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Pampa, Chubut, Santa Cruz, y Tierra del Fuego. Provincias norteñas como Misiones (en el área de la triple frontera), Corrientes, Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Tucumán son áreas típicas de reclutamiento de mujeres víctimas de trata interna para explotación sexual.
Argentina también es un país de origen y tránsito para mujeres y niñas destinadas a la explotación sexual en otros países latinoamericanos y europeos, mayoritariamente Italia y España.
La Relatora Especial de la ONU señala en el Informe que en diciembre 2001, Argentina experimento una grave crisis política, social, y económica que produjo altos niveles de desempleo y pobreza. Aunque el país se está recuperando gradualmente, un gran segmento de la población continúa sufriendo la exclusión social y una incapacidad para satisfacer completamente sus derechos económicos, sociales, y culturales. Esto tiene un efecto profundo en la vulnerabilidad de potenciales víctimas, que están sujetas a ser presa de tratantes cuando buscan medios de subsistencia. Al mismo tiempo, por causa del crecimiento económico y recuperación que el país ha experimentado en años recientes, y la situación total de subdesarrollo en la región, Argentina atrae inmigrantes de países limítrofes quienes podrían convertirse victimas de trata, puesto que raramente ingresan al país de manera regular.
Cooperación con la Sociedad Civil
Las Organizaciones de la sociedad civil en la Argentina han jugado un papel fundamental en la sensibilización y lucha contra la trata de personas. El movimiento de mujeres ha sido particularmente activo en los debates, tanto nacionales como internacionales, en materia de lucha contra la trata de personas, legislación y programas.
La Relatora Especial notó con preocupación las grandes limitaciones que enfrentan activistas, organizaciones no gubernamentales e incluso funcionarios públicos que luchan contra la trata de personas en el país. Se reunió con un juez que se encuentra actualmente custodiado por Gendarmería debido a las amenazas que recibió tras su intervención en el desmantelamiento de una red de trata en el 2008. La Relatora Especial también recibió información sobre actos de intimidación contra un magistrado de la provincia de Río Negro que había sido falsamente acusado de corrupción, aparentemente en represalia por investigar casos de trata en la región desde 2007.
Las organizaciones no gubernamentales llevan a cabo su trabajo en muchas provincias de Argentina, ofreciendo servicios tales como formación gratuita y asistencia técnica a funcionarios públicos, activistas y parlamentarios; elaborando directrices y material de capacitación sobre la trata; y la apertura y la gestión de refugios para las víctimas. Han también ayudado a las víctimas a presentar quejas formales al sistema judicial. Las organizaciones que proporcionan asistencia directa a las víctimas y sus familias, enfrentan importantes dificultades financieras y la amenaza de represalias de los tratantes. Son comunes reportes de teléfonos que han sido pinchados o intervenidos, ordenadores hackeados y amenazas por escrito.
Recomendaciones
El extenso informe que incluye detalles sobre la Trata de personas con fines de explotación Sexual y con fines de explotación laboral, el marco institucional y legislativo en que se desarrollan estos delitos; cómo se identifica, se protege y se asiste a las personas víctimas de Trata, y cómo se juzga a los tratantes concluye con recomendaciones de parte de la Relatora Especial hacia Gobierno de Argentina.
Esas recomendaciones incluyen: Aprobar las reformas propuestas a la Ley Nº 26.364, con el fin de garantizar sanciones más estrictas contra los traficantes y para eliminar la cuestión del consentimiento y la distinción por motivos de edad; destinar recursos suficientes a las oficinas existentes de lucha contra la trata de personas y unidades en el Gobierno para garantizar que las medidas de protección y asistencia se lleven a todo el país; Proporcionar la reinserción integral, rehabilitación y asistencia a las víctimas de trata de personas, en pleno reconocimiento de sus derechos humanos.
También recomienda establecer un organismo central federal para mejorar la coordinación, entre las oficinas federales y las autoridades a nivel provincial y nivel municipal; demostrar un serio compromiso y voluntad política en el marco del esfuerzo de prevención para regular las empresas, como en la industria textil, la agricultura (incluyendo pesca) y la construcción, así como en el entretenimiento y la industria del sexo; inspecciones adecuadas deben llevarse a cabo para garantizar que estas empresas no están involucradas en la trata o en el empleo de personas objeto de trata; Proveer las asignaciones presupuestarias adecuadas para mejorar la eficacia y la sustentabilidad de las iniciativas contra la trata de personas; Considerar el establecimiento de un fondo especial para la indemnización de las víctimas de trata de personas; Aumentar la conciencia pública sobre la cuestión de la trata de personas a través de los medios de información y tecnología de la comunicación, y otros canales que apelen especialmente a los jóvenes en todos los niveles de la educación.
Más adelante sugiere ampliar la formación de todos los actores, especialmente, la Policía, la Gendarmería, la Armada y los guardias de frontera, así como de los jueces, fiscales e inspectores del trabajo, para aumentar sus conocimientos y habilidades para identificar, proteger y asistir a las víctimas de la trata; Garantizar la seguridad y la protección de los defensores de los derechos humanos involucrados en campañas para poner fin a la trata de personas y fortalecer la cooperación con los países vecinos y otros países de origen de las víctimas de trata, en particular, Bolivia (Estado Plurinacional de), República Dominicana y Paraguay,
En cuanto al Parlamento recomienda tomar medidas para elevar el Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente, Mujeres y Niños, a rango constitucional y que este se aplique en toda la Argentina.
Finalmente, el informe señala que la Relatora Especial acoge con beneplácito la aceptación por parte de Argentina de refugiados víctimas de la trata en el marco del programa de reasentamiento en 2009 y alienta al Gobierno a seguir utilizándolo como una respuesta para las víctimas que requieren necesidades de protección internacional.
* Redactor del Boletín Nación Humana - Medios de Comunicación para la No-Violencia
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