ECOLOGISTAS Y VECINOS DEFIENDEN LOS ESTEROS DEL IBERÁ.

Por Matias Astore.

Los activistas de la campaña "Salvemos al Iberá" denuncian a una empresa forestal que usurpó terrenos fiscales en plena Reserva Provincial y construyó un terraplén, que ocasionó el anegamiento de las escasas tierras altas en la que viven los pobladores originales. Exigen que la firma acate lo dispuesto por la Justicia local, que ordenó su demolición.

Pressenza, Corrientes. Los pobladores del paraje Yahaveré (Provincia de Corrientes), apoyados por activistas de la campaña Salvemos al Iberá, reclaman la demolición definitiva de un terraplén que la empresa Forestal Andina S.A. estaba construyendo sobre la Reserva Provincial Esteros del Iberá.
Contrariamente a la sentencia de demolición impuesta por el Juzgado Civil y Comercial N° 12, dicha empresa se encuentra reparando el terraplén en lugar de demolerlo.
En términos sociales, las 14 familias de campesinos que habitan el paraje Yahaveré –ubicado un kilómetro aguas arriba del terraplén– sufren la anegación de las escasas tierras altas en donde tienen sus hogares y alimentan a su ganado. Está situación motivó a los pobladores a la recuperación de las tierras (fiscales) que había invadido la empresa, en detrimento de la posesión originaria por los pobladores.
Afirmó Emilio Spataro, coordinador de la campaña “Salvemos al Iberá”: “Haciendas San Eugenio debe dejar de engañar al gobierno, al juez, a los pobladores, a los ambientalistas y a la ciudadanía toda, y debe cumplir de una vez por todas lo que es cosa juzgada; el terraplén es ilegal y tiene que ser demolido. Haciendas San Eugenio está una vez más dando muestras de su total falta de respeto a las leyes y a los fallos judiciales, desafiando la orden de demolición y jugando con fuego al no entender los impactos sociales que genera el terraplén. Exigimos que Eduardo Macchiavello, titular de Haciendas San Eugenio, presente un plan serio de obras tendiente a realizar la demolición inmediata del segmento indicado para el juez; es hora de que se haga justicia, es hora de que se demuela el terraplén”.
El conflicto se originó en 2005, cuando la empresa chilena Forestal Andina S.A. adquirió cinco inmuebles ubicados en el Departamento de Concepción (provincia de Corrientes, Argentina), que suman una superficie de 22.206,01 hectáreas. Pero la empresa presentó, ante la Dirección de Catastro de Corrientes, un plano de mensura de unificación y redistribución parcelaria de esos campos, donde figura una superficie total de 10.930 hectáreas mayor a la que constaba en los títulos de propiedad efectivamente adquiridos por la empresa.