por Marta Guerra.
La mantención de la figura del testigo protegido (encapuchados), los enjuiciamientos por la justicia militar a los agentes policiales que incurran en delitos en contra de los mapuche y la falta de claridad sobre si cambiará la situación procesal que actualmente los mantiene encarcelados, son los aspectos que aún deben resolverse para que depongan la huelga de hambre.
Pressenza, Angol. Se depone la huelga de hambre que comenzó hace 83 días, en las cárceles de Concepción, Lebu , Valdivia y parte de los presos de Temuco, ya que aún quedan tres comuneros en esa penitenciaría que mantienen su posición de huelga. Además están los diez presos de la cárcel de Angol y un menor detenido en el Centro de Internación Provisoria del Sename, en Chol Chol. Esta es la situación post acuerdo firmado con el gobierno.
¿Por qué los presos de Angol aún mantienen su posición?
El acuerdo menciona que el gobierno ha promovido reformas a la Ley Antiterrorista y a la justicia militar y que esta voluntad de cambio forma parte de su programa de gobierno y “responde a convicciones y principios democráticos previstos en nuestro ordenamiento jurídico, el que se inspira en nuestra Carta Constitucional, normas del derecho internacional, de los derechos humanos, y el Convenio 169 de la OIT, así como en recomendaciones de organismos internacionales”.
Los presos que se niegan a aceptar un acuerdo con el gobierno argumentan que los proyectos enviados al Congreso, no constituyen mejoras sustanciales a la legislación vigente y siguen sin cumplir con las recomendaciones y decisiones de la comunidad internacional orientadas a garantizar el justo proceso a los mapuche.
En ese sentido, las modificaciones a la Ley Antiterrorista, tienden a perfeccionar su aplicación y no garantizan de que no se vuelva a aplicar a la protesta reivindicativa mapuche, tal como lo recomienda el Relator Especial de la ONU, James Anaya, de tal manera que estos conceptos y penalidades propuestos en la reforma a la Ley, no se ajustan a las exigencias internacionales.
El acuerdo estima no perseverar en la querella terrorista. Sin embargo, el retiro de las querellas por parte del ejecutivo no cambia la actual situación procesal de los presos. En ese sentido le corresponde al Ministerio Público pronunciarse si serán recalificados por el derecho penal común, de otra manera, no tendrá el efecto esperado por los presos y sus familias.
La otra modificación a la Ley - según el acuerdo- es sobre enjuiciamiento de civiles por parte de tribunales militares; ésta permitirá evitar el doble juzgamiento de los presos mapuche pero seguirá administrando la justicia en los delitos que cometan agentes policiales en contra de civiles. En definitiva cuando un policía cometa un delito, será la justicia militar quien procese y dé sanción, no la justicia civil como lo exige el derecho internacional.
Este un tema muy preocupante para los defensores de derechos humanos, considerando la represión cometida por parte de Carabineros y Policía de Investigaciones en contra de las comunidades, situación que ha atentado continuamente contra los derechos humanos, mientras que las actuaciones de agentes del estado que han provocado la muerte a comuneros mapuche han quedado en la impunidad.
En estos últimos años han sido muchas las denuncias a los organismos internacionales sobre el tema de la violencia aplicada por las policías a las comunidades, entre ellas: secuestro e interrogatorios a niños, allanamientos sin órdenes judiciales, denuncias de torturas y malos tratos a los presos, etc.
Otro de los temas que preocupa a los presos de Angol y a quienes los defienden es que el hecho de mantener la figura del testigo protegido, que a pesar de que con las modificaciones a la Ley se pueda contrainterrogar, atenta contra el debido proceso, ya que la mayoría de las acusaciones del Ministerio Público se basan en testimonios de testigos sin rostros que, a pesar de que finalmente la Justicia considere esas pruebas inconsistentes, el preso ya habrá pasado muchos meses encarcelado.
En un comunicado público los presos de Algol aclaran que esta movilización para ellos nunca tuvo un fin judicial, independientemente del hecho de que esperan un juicio justo en donde se compruebe su inocencia. Explican que “el fondo de esta huelga de hambre tiene que ver con lo que nosotros esperamos para el futuro de nuestro Pueblo Nación Mapuche. Las distintas comunidades mapuche seguirán luchando por el derecho al territorio, seguirán defendiendo nuestro derecho a vivir como mapuche y negándose a ser asimilados por la cultura chilena, lo que acarreará nuevos conflictos con la justicia chilena”.
Sostienen que mantendrán la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, mientras el Estado no dé solución a los puntos planteados al inicio de la movilización.
Ante esta situación el problema para el gobierno chileno continúa, por un lado no ha solucionado totalmente la huelga de hambre y no han quedado claras las formas de solución del problema de fondo, que es la devolución de las tierras que ancestralmente reclaman como suyas las comunidades de la Araucanía.
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