TORTURA EN CUARTELES MILITARES.

por Waldo Albarracín Sánchez.
Activista de Derechos Humanos y ex-Defensor del Pueblo de Bolivia.

En los últimos días el país se conmocionó con las imágenes difundidas en varios medios de difusión televisivos, advirtiéndose la aplicación de vejámenes y torturas en contra de un conscripto militar. Sea cual fuere la razón para seguir tratando en forma tan inhumana a los reclutas, es evidente que la tortura constituye un crimen de lesa humanidad y como tal ha de ser juzgada.

Pressenza, La Paz. Un grupo de uniformados bajo el mando de un oficial, proceden a colgar de los pies a la víctima, atarle manos y pies, lo ponen boca abajo e introducen su rostro dentro un recipiente de agua una y otra vez, además de vejarlo en forma inhumana. Este hecho de la vida real, se viene suscitando con cierta frecuencia en los recintos militares, en unos casos para esclarecer determinadas 'inconductas', en otros para sancionar, y también se aplica como método de entrenamiento militar.
Sea cual fuere la razón o causa para seguir tratando en forma tan inhumana a los reclutas, lo evidente es que la tortura constituye un crimen de lesa humanidad, al incurrir en este delito, no sólo se afecta a la víctima sino que se ofende la dignidad del género humano en su conjunto, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos lo condena y prevé que los Estados deben adoptar todas las medidas necesarias para extinguir su práctica.
Lamentablemente seguimos tropezando con el problema de la falta de vocación del cumplimiento de la norma, sea ésta nacional o internacional, vivimos dos escenarios diametralmente opuestos, por un lado los principios altruistas enarbolados en pactos internacionales como la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes, de efecto vinculante y obligatorio en Bolivia y por el otro, las conductas tradicionales ejercitadas a través de soberanías fácticas vigentes que se van transmitiendo de generación en generación, respaldadas por ideas atrofiadas respecto a la “valentía” que en la idiosincrasia militar se interpreta como la resignación a recibir cuanto atropello se cometa en tu contra, sin quejarse, toda vez que el legítimo derecho a expresar tu queja cuanto te atropellan, se interpreta como un acto de cobardía. Por tanto, en un mundo de supuestos “machos y valientes” la degradación del ser humano aparece como un acto patriótico y hasta heroico.
Pero a pesar de estos retrocesos elocuentes, el deber de construir democracia en el marco del respeto a los derechos humanos, sigue latente y continúa adelante, hacer todo lo posible para que este tipo de delitos no queden en la impunidad, tampoco permitir que funcionen las republiquetas autoconsideradas espacios impenetrables. Quiero decir que el caso de las torturas, aplicadas contra ese conscripto, debe ser investigado y esclarecido por el Ministerio Público, para identificar a los autores materiales e intelectuales, en aras de su imputación penal ante la autoridad penal correspondiente, de la jurisdicción ordinaria. Acá cabe una importante aclaración, si bien el delito fue cometido en un recinto militar, este hecho no significa la habilitación inmediata de la jurisdicción castrense. En este caso, la competencia está determinada por la naturaleza del delito y la gravedad del mismo, correspondiendo por tanto su consideración ante la Fiscalía, es esta entidad la que debe promover la querella criminal contra quienes degradan al ser humano, en un acto de cobardía y de falso patriotismo; someter el caso a la instancia jurisdiccional militar es dar curso a los mecanismos de impunidad que suelen aplicar, toda vez que la tradicional conducta corporativa entre “camaradas” terminará extinguiendo posibilidades de juzgamiento imparcial y objetivo.
Por otro lado, a partir de la publicación de las imágenes de esta sesión de tortura, surgieron denuncias de otros casos, ante cuya circunstancia el Estado no debe quedarse estático. Es necesario iniciar una campaña seria para erradicar esta conducta en todo lugar y fundamentalmente en los recintos militares, por el nivel de indefensión en que se encuentren los subalternos, porque éstos al final son tan humanos como sus superiores y por consiguiente tienen derechos.